En el momento de su constitución (1951), las Escuelas del Patronato Diocesano de Enseñanza, que eran Escuelas Parroquiales en su mayoría unitarias, atendían a 47 poblaciones de la Diócesis entre las que se incluían las de la Ciudad Autónoma de Melilla y las localidades de Alcalá del Valle, Olvera y Ubrique, las tres de Cádiz, y, desde 1980, incluidas en el ámbito territorial de la Diócesis de Asidonia-Jerez.
El éxito del programa de alfabetización que impulsaron las Escuelas Parroquiales animó al Cardenal Herrera Oria a crear el Patronato Mixto de las Escuelas Rurales (1954), con una misión más amplia que la meramente educativa. Sus centros eran Escuelas-Capilla. Y, amén de su función pedagógica, su actividad se extendía a evangelizar a los lugareños, constituyéndose en un lugar de encuentro donde celebrar los Sacramentos, compartir inquietudes vecinales y prestar un servicio integral en su ámbito de influencia. Por las mañanas atendían a los alumnos; por las tardes, las madres realizaban todo tipo de actividades culturales; y, por las noches, acudían quienes realizaban las tareas del campo. Muchas de aquellas Escuelas unitarias se integraron en este nuevo Patronato, denominado Mixto porque estaba constituido por los miembros del Patronato Diocesano y por autoridades del Ministerio de Educación.
Para atender este ambicioso proyecto se crearon cuatro Escuelas de Magisterio Rural –atendidas por miembros de la Institución Teresiana, Hermanos Maristas, Hijas de Jesús y Franciscanas de los Sagrados Corazones–, donde se formaron los Maestros Rurales, mujeres en su gran mayoría, que asumieron con generosidad y altruismo, a la par que con una alta cualificación profesional, las diferentes tareas que tenían que asumir en su destino, donde disponían de una adecuada vivienda, por lo que se convertían en unos vecinos más de los lugareños a los que atendían. Por su parte, las Escuelas Parroquiales, del Patronato Diocesano, estaban atendidas por Maestros nacionales, funcionarios de carrera, propuestos a tal fin por el Presidente del Patronato.
La Ley General de Educación (LGE, 1970) supuso una gran transformación del sistema educativo que afectó de lleno a la Obra educativa diocesana. Para afrontar el reto que tal reforma suponía el Cardenal Herrera Oria encargó a Mons. Francisco García Mota, – en la foto de la derecha-, que asumiera la responsabilidad de llevarlo a cabo. Sin duda alguna nunca agradeceremos bastante a D. Francisco el ímprobo trabajo por él desarrollado.
Trabajo que se fue complicando con el desarrollo orgánico de la Constitución, la promulgación de las primeras leyes educativas y los Acuerdos Iglesia-Estado (1979). La primera Ley Orgánica (LOECE, 1980), nunca llegó a aplicarse al ser objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad. No obstante, la Sentencia del Tribunal Constitucional, supuso un importante aporte doctrinal que recogió la LODE (1985), que fue la que implantó el sistema de conciertos educativos, y a la que siguió la LOGSE (1990), que derogó la LGE y concedió un gran peso educativo a las Comunidades autónomas.
En este marco normativo la tarea que recaía sobre la Delegación Diocesana de Enseñanza era abrumadora, escapando a sus posibilidades asumirla con la necesaria eficacia. Es en este momento cuando surge la idea de la Fundación Victoria.
Francisco José González Díaz
