Las dificultades económicas que la LGE infligieron particularmente a las unidades del Patronato Diocesano, que a la entrada en vigor de la Ley contaba con 206 unidades escolares (124 en la capital y 82 en la provincia, con 4.844 y 3.281 alumnos, respectivamente), agudizaron el ingenio de Mons. Francisco García Mota que no cejó en encontrar todas las soluciones posibles, convencido del “derecho de la Iglesia de tener Colegios donde se busque como primer objetivo la educación cristiana de los niños, adolescentes y jóvenes” y, por ende, que la Diócesis mantuviese “aquellos Colegios o Escuelas que pueda sostener de manera digna para cumplir su misión, para que sean centros modelos de educación cristiana”, según reza en uno de los informes que facilitó al entonces Obispo de Málaga, Cardenal Ángel Suquía.
Las Escuelas unitarias y Graduadas desaparecían, salvo las Escuelas rurales unitarias por su singularidad, solo funcionarían los Colegios completos de EGB. Ya no se podían proponer Maestros nacionales como Maestros del Patronato, aunque los que estaban podían continuar hasta su jubilación. En esta línea, las unidades del núcleo “Virgen Inmaculada”, de Gamarra, pasaron a la Institución de las Hijas de Jesús, constituyendo un Patronato propio; la Graduada de calle Ferrándiz, que atendían las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, pasaron al Monasterio de Santa Clara, en la Plaza de Capuchinos. Las dos Graduadas de la Barriada 26 de Febrero y la existente en el Paseo de Reding, se cedieron a las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Las unidades de San Francisco, de Ronda, se cedieron a la Administración educativa, al igual que muchas otras que no eran susceptibles de agruparse. Las de la Barriada del Dr. Vázquez, de Ronda, a la Caja de Ahorros de Ronda. Las unitarias del Tiro de Pichón a las Religiosas del Divino Maestro; …
Pero, había que dar un paso más. Y, como “quien hace la ley hace la trampa”, descubrió D. Francisco que el artículo 135 de la LGE encomendaba al Ministerio de Educación la tarea de “estimular, orientar y coordinar la cooperación social y económica a las actividades educativas que, a todos los efectos, tienen la consideración de servicio público fundamental”. Y, contando con esta premisa, promovió la celebración de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y el Patronato Diocesano de Enseñanza, por el cual éste cedía gratuitamente al Ministerio, por quince años, prorrogables en su caso, todas las dependencias e instalaciones de los Centros de su propiedad que, automáticamente, se convertían en Centros Estatales de EGB y de Educación Preescolar, en régimen de administración especial. Mientras que su Profesorado sería designado por el Ministerio a propuesta del Obispo, como Presidente de la Junta de Promoción Educativa al efecto constituida, de entre los Maestros estatales que cumplieran los requisitos de la Institución. El Convenio se suscribió el 25 de febrero de 1979. Otro “milagro”.
A partir de entonces, y hasta la entrada en vigor del primer Concierto educativo (Curso 1986/1987), los Colegios del Patronato Diocesano, como cualquier otro centro público, fueron mantenidos por los respectivos Ayuntamientos, que atendían, igualmente, los servicios de limpieza y conserjería. Ese Convenio permitió que –hace cuarenta años– un servidor entrara a formar parte del Patronato Diocesano de Enseñanza como Maestro, atendiendo una de las cuatro unidades habilitadas del Colegio “Cristo Rey” que aún funcionaban en el Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en la Barriada del 26 de Febrero (Palmilla).
